Dr. Edwin Ferrer
Dr. Edwin Ferrer
Un video circula, indigna y se comparte. Pero circular no lo convierte en prueba: para la ley importa si es auténtico, pertinente y se obtuvo de manera legítima.
Una pareja se separa y en la audiencia de familia aparece un video grabado a escondidas en la sala de su casa. En otro caso, un video reenviado mil veces por WhatsApp muestra a alguien diciendo algo que nunca dijo, fabricado con inteligencia artificial. Los dos se presentan como "la prueba definitiva". Ninguno lo es todavía.
Mi tesis tiene tres partes. Un video puede ser prueba, pero que sea viral no lo convierte en prueba. Que alguien no haya consentido a ser grabado no lo invalida automáticamente: depende de cómo se grabó y de qué derecho se afectó. Y una cosa es si el video sirve en un proceso, y otra distinta si grabarlo o difundirlo es sancionable.
El Código General del Proceso (art. 243) incluye entre los documentos los mensajes de datos, las fotografías y las videograbaciones. La Ley 527 de 1999 (art. 10) dice que los mensajes de datos son admisibles como medio de prueba y que no se les niega eficacia solo por ser electrónicos o por no presentarse en su forma original. La Corte Constitucional declaró exequible ese artículo en la sentencia C-662 de 2000.
El juez valora el video con la sana crítica (Ley 527, art. 11). Mira qué tan confiable fue la forma de generarlo, archivarlo y comunicarlo, si se conservó íntegro y cómo se identifica a quien lo produjo. El Código General del Proceso (art. 247) agrega que el mensaje de datos se valora cuando se aporta en el formato en que fue generado, enviado o recibido, o en otro que lo reproduzca con exactitud. Un archivo reenviado, recortado o sin origen conocido vale poco. Con videos manipulados por inteligencia artificial, esto pesa más que nunca.
La Constitución (art. 29) dice que es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. El Código General del Proceso (art. 164) repite esa regla y la Ley 906 de 2004 (art. 23) ordena excluir del proceso penal la prueba obtenida con violación de garantías fundamentales. Pero para saber si hubo violación hay que mirar el caso.
En la sentencia SU-371 de 2021, la Corte Constitucional recordó que grabar a alguien sin su consentimiento puede afectar su intimidad. También avaló la excepción que aplica la Corte Suprema en el proceso penal: la grabación puede valer si la hace la víctima, o alguien con su aquiescencia, capta el momento de la conducta delictiva y busca dejar prueba de ella. Los tres requisitos deben darse a la vez. Para otros campos, como el disciplinario, la Corte fijó condiciones distintas, así que no existe una regla única para toda grabación.
Un video puede ser válido como prueba y, aun así, quien lo grabó o lo difundió puede responder por otra vía. El Código Penal (art. 192) sanciona interceptar o enterarse indebidamente de comunicaciones privadas dirigidas a otra persona, y revelar su contenido agrava la pena. Que algo sirva en un juicio no autoriza a publicarlo en redes.
Alguien dirá: "si el video muestra la verdad, ¿qué importa cómo se obtuvo?". Importa porque, si cualquier grabación clandestina valiera, se premiaría el espionaje y se debilitaría la intimidad de todos. Por eso la ley exige que la verdad se pruebe por medios legítimos. Tampoco hay que irse al otro extremo: la regla de exclusión no protege a quien cometió un delito y fue grabado por su víctima para defenderse.
Un video no habla solo: alguien lo grabó, alguien lo guardó y alguien lo presenta. La ley no pregunta qué tan impactante es, sino si es auténtico, pertinente y obtenido de manera legítima.
Si tiene un video que quiere o necesita usar en un proceso, o que lo involucra, en mi oficina revisamos su caso. Atiendo desde Girardot, Ibagué y El Espinal, y de forma virtual en todo el país. Esta columna es una opinión jurídica general y no reemplaza la asesoría de un caso concreto.
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