Dr. Edwin Ferrer
Dr. Edwin Ferrer
La seguridad de El Espinal no depende de un solo funcionario. Depende de que cada institución, alcalde y Concejo por igual, cumpla la parte que la ley ya le asignó.
El Espinal atraviesa, según cifras periodísticas contrastadas con reportes oficiales, su año más violento en mucho tiempo. Con corte al 18 de julio de 2026, el municipio ya registraba 32 homicidios, una cifra que superó la totalidad de los 31 casos de todo el año 2025, con más de cinco meses aún por delante. La Gobernación del Tolima, bajo el liderazgo de la gobernadora Adriana Magali Matiz, ha mantenido un compromiso activo con la seguridad del municipio, incluyendo el respaldo a proyectos de infraestructura policial y el fortalecimiento de la presencia institucional.
Frente a este panorama, es natural que la ciudadanía se pregunte qué está pasando y, sobre todo, a quién le corresponde responder. La respuesta tiene más matices de los que parece, y vale la pena aclararla con la norma en la mano.
El artículo 12 de la Ley 62 de 1993 es claro: el alcalde es la primera autoridad de Policía en el municipio, y la Policía Nacional cumple las órdenes que él imparta a través del respectivo comandante. Esto significa que el alcalde tiene la responsabilidad directa de diseñar y desarrollar, junto con la Policía Nacional, los planes y estrategias integrales de seguridad para su municipio. Es él quien convoca y preside el Consejo de Seguridad Municipal, quien puede solicitar el cambio motivado de un comandante de Policía, y quien coordina la respuesta operativa día a día. La seguridad ciudadana, en su dimensión ejecutiva, es tarea del alcalde.
Pero la misma Ley 62 de 1993, en su artículo 16, le asigna al Concejo un papel que muchas veces pasa desapercibido: es el Concejo quien debe aprobar las medidas y reglamentos de policía que el alcalde le proponga, y es también el Concejo el destinatario de las solicitudes de destinación de partidas presupuestales para fortalecer la Policía Nacional en el municipio. En otras palabras, el alcalde ejecuta, pero el Concejo aprueba los recursos y debe hacerles seguimiento. La seguridad no es solamente un problema de la Alcaldía y la Policía; es también, y de forma directa, un asunto de control político.
Tomemos el caso del proyecto de infraestructura policial para El Espinal. Desde 2024 se anuncia una obra de gran envergadura —con inversiones anunciadas de entre 25 y 30 mil millones de pesos— que ha sido referida en distintos momentos como "Comando Operativo de Policía", "Distrito Especial de Policía" y, más recientemente, como "Comando Operativo y Estación de Policía". Más de dos años después del primer anuncio, el proyecto sigue en fase de estudios y diseño, sin haber iniciado construcción. Esto no es necesariamente una señal de mala fe — proyectos de infraestructura pública toman tiempo — pero sí es exactamente el tipo de seguimiento que un Concejo con rigor técnico debería hacer público y periódico: ¿en qué fase va, qué se ha ejecutado del presupuesto, y cuándo hay fecha real de entrega?
Ese control político no debería limitarse a la relación entre alcalde y Concejo. El Espinal necesita una verdadera Política Pública de Seguridad Ciudadana, construida con enfoque de corresponsabilidad, que vincule formalmente a la sociedad civil organizada: las Juntas de Acción Comunal de nuestros seis corregimientos y de los barrios urbanos, los gremios y comerciantes del municipio, las fundaciones que trabajan con población vulnerable, y también nuestras instituciones de educación superior —UNIESPINAL y la sede de la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otras— que pueden aportar investigación, formación y capital humano a los esfuerzos de prevención. La seguridad no se construye solo con más pie de fuerza; se sostiene cuando la comunidad organizada participa en el diagnóstico y en la veeduría de los resultados, no solo cuando los sufre.
La ley diseñó esta relación entre alcalde y Concejo precisamente como un sistema de pesos y contrapesos, no como una formalidad protocolaria. Un Concejo que se limita a aprobar presupuestos sin exigir después cuentas claras sobre su ejecución no está cumpliendo cabalmente su función constitucional y legal. Y un municipio que atraviesa un año particularmente exigente en materia de seguridad necesita, más que nunca, que esa función se ejerza con rigor técnico y de forma pública, no como un trámite más.
La seguridad de El Espinal no depende de un solo funcionario. Depende de que cada institución, alcalde y Concejo por igual, cumpla la parte que la ley ya le asignó — y de que la comunidad organizada, urbana y rural, tenga un lugar real en esa tarea.