Dr. Edwin Ferrer
Dr. Edwin Ferrer
La restricción puede ser legal y razonable, pero solo lo será si el decreto explica, con datos locales, por qué se adopta y cómo se medirá si funciona. Sin esa motivación queda expuesta a ser anulada, y el costo recae sobre quienes menos margen tienen para defenderse.
Piense en un trabajador de El Espinal que sale de madrugada hacia una finca o un turno, con un compañero en la moto, como lo viene haciendo desde hace años. Según anunció la Alcaldía, desde el lunes 19 de octubre, a las 6:00 de la mañana, ese viaje queda restringido las 24 horas, todos los días, para el parrillero hombre mayor de 14 años. La medida iría hasta el 31 de diciembre de 2026, con una evaluación en los primeros 60 días. Hasta ahora la restricción regía entre las 6:00 de la tarde y las 5:00 de la mañana. La Administración dijo que el decreto traerá excepciones para personal de salud, docentes, estudiantes, domiciliarios, trabajadores del campo y quienes acrediten el uso laboral de la moto. Al escribir esta columna, el decreto aún no se había expedido.
Lo que dice la ley. El alcalde es la primera autoridad de policía del municipio (Constitución, art. 315, num. 2), y la ley le permite restringir y vigilar la circulación de personas por vías y lugares públicos para mantener el orden público (Ley 136 de 1994, art. 91, modificado por la Ley 1551 de 2012). Pero la libertad de circulación es un derecho fundamental que solo admite las limitaciones que establezca la ley (art. 24). Además, el Decreto 2961 de 2006, modificado por el Decreto 4116 de 2008 y hoy compilado en el Decreto 1079 de 2015 (art. 2.3.6.1), ordena restringir parrilleros por zonas u horarios en los municipios donde la autoridad verifique transporte ilegal de pasajeros en moto. La norma nacional parte, entonces, de un hecho verificado.
El Consejo de Estado, en sentencia del 28 de abril de 2022 sobre un decreto de Santa Marta (radicado 47001-23-31-000-2012-00414-01), fijó el criterio. Son nulas por falsa motivación las normas que prohíben acompañantes en moto si no hay motivación suficiente para limitar la locomoción. En ese caso la Sala anuló los artículos 5, 6 y 8 del Decreto 104 de 2012: el decreto invocaba razones de seguridad y de congestión vehicular, pero no decía a qué periodos se referían los hechos de criminalidad, ni cuáles eran los índices de homicidio y hurto, ni en qué sectores ocurrían, ni aportaba evidencia de que el parrillero fuera determinante en esos delitos.
Lo que dicen los datos. El argumento a favor es serio. Según El Nuevo Día, El Espinal registraba 32 homicidios al 18 de julio de 2026, frente a 10 en el mismo periodo de 2025 y 31 en todo ese año. Medios locales reportan que la cifra ya superaría los 50 al 14 de octubre, un dato preliminar que debe confirmarse con el balance oficial. De los 32 registrados a julio, 23 se asociaron al sicariato. El comandante de la Policía del Tolima, coronel Jhon Vargas, explicó en abril que la situación está asociada a una disputa territorial entre bandas que, presuntamente, comercian estupefacientes. En Cali, un estudio de Cisalva sobre 2002 a 2015 encontró que, con la restricción vigente, los homicidios cometidos por parrillero bajaron entre 40 % y 45 % y los homicidios en general entre 7 % y 8 %, según su director.
Pero también hay evidencia en sentido contrario. El Documento CEDE n.° 27 (Universidad de los Andes, 2020) evaluó seis restricciones a motocicletas en ciudades colombianas y no encontró grandes efectos ni efectos duraderos sobre el delito. Uno de sus autores, Michael Weintraub, ha explicado que estas medidas tienden a desplazar el delito hacia otras zonas. Y Cali aplicó la restricción durante 2025 y la prorrogó por un año más en febrero de 2026, pero cerró 2025 con 1.065 homicidios, 14 % más que en 2024. Según datos de la Policía citados por su Alcaldía, el 29 % tuvo participación de un acompañante en moto. Eso no prueba que la medida falle, porque no sabemos qué habría pasado sin ella. Sí muestra que por sí sola no basta.
La mejor objeción. Alguien dirá que ante tantas muertes hacer algo es mejor que nada, y que la incomodidad es menor. Es una objeción que respeto: la urgencia es real y proteger la vida es la prioridad. Mi respuesta es que motivar no frena la acción, la hace más duradera. Un decreto con diagnóstico y con la evaluación a 60 días que ya se anunció puede corregirse con datos. Uno sin ellos se discute con opiniones y puede caerse ante un juez, dejando al municipio sin medida y sin tiempo.
Qué puede hacer usted:
La seguridad no se decreta, se demuestra. A los 60 días, que cualquier ciudadano pueda revisar los datos y saber si la medida protegió vidas es lo que distingue una política pública de un anuncio.
Esta columna es opinión e información general y no reemplaza la asesoría jurídica de un caso particular. Si tiene dudas sobre su situación, puede escribirme.
Edwin Ferrer — Servicios Legales · edwinferrerabogado.com
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