Formulación de la Política Pública de Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Infantil del Tolima

Desde su rol como contratista de la Dirección de Infancia y Juventud de la Gobernación del Tolima, Edwin Ferrer lidera técnicamente la formulación de la Política Pública Departamental de Prevención y Erradicación del Abuso Sexual Infantil, redactando, analizando y verificando jurídicamente cada uno de los documentos que la componen.

Un mandato con plazo legal fijo

El proceso responde a la Ordenanza Departamental No. 0005 del 12 de febrero de 2025, que ordenó a la Gobernación del Tolima formular esta política pública en un plazo de doce meses, con seis meses adicionales para su implementación. El proyecto de ordenanza que adoptará el documento definitivo debe radicarse ante la Asamblea Departamental antes del 20 de julio de 2026.

El trabajo se articula, además, con el Comité Intersectorial Departamental para el Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Sexo y Género (Decreto 0702 de 2024, modificado por el Decreto 0346 de 2026), instancia que reúne a la Secretaría de Salud, el ICBF, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Planeación.

Dirección técnica y autoría de los documentos

Dentro del equipo asignado a este proceso —integrado también por los contratistas Verónica Gutiérrez y Duván Cárdenas—, Edwin Ferrer define el plan metodológico de trabajo y dirige la recolección de fuentes por parte del equipo. La redacción, el análisis técnico-jurídico y la verificación normativa de cada documento han sido, en la práctica, trabajo individual suyo.

A la fecha ha entregado dos documentos centrales del proceso:

• Diagnóstico Situacional Departamental, que consolidó por primera vez de forma unificada tres fuentes independientes de información —SIVIGILA, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el ICBF (aperturas de PARD)— sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el Tolima entre 2018 y 2025.
• Capítulo de Enfoques, Principios y Marco Conceptual, que articula seis enfoques y ocho principios rectores de la política pública con hallazgos concretos del diagnóstico, y que incorpora jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Un hallazgo propio con impacto territorial

Del análisis estadístico del diagnóstico se desprende un aporte que no provenía de ninguna fuente institucional previa: mediante el cálculo directo de tasas municipales acumuladas entre 2019 y 2024, se identificó un grupo adicional de nueve municipios —Falán, Casabianca, Honda, Chaparral, Rioblanco, Coyaima, Villarrica, Ambalema y Purificación— con tasas de violencia sexual iguales o superiores a las de los municipios ya priorizados oficialmente, y que aún no habían sido incorporados a la agenda de intervención. Este hallazgo fue entregado como recomendación técnica formal, junto con la verificación cruzada de la priorización oficial de Cajamarca, Suárez, Melgar, Planadas, Lérida y Líbano frente a la evidencia estadística disponible.

Rigor jurídico aplicado a la gestión pública

El trabajo se ha caracterizado por una verificación sistemática de cada norma y sentencia citada. Entre otros ejemplos, se corrigió durante el proceso de revisión una definición legal de violencia sexual que había sido citada de forma imprecisa —sustituyéndola por el texto exacto de la Ley 1146 de 2007 tras verificación directa— y se precisó la tipificación penal aplicable (artículos 205 a 212 y 210A del Código Penal, con las modificaciones de la Ley 1236 de 2008). También se documentó explícitamente, en lugar de forzar una cifra única, una inconsistencia detectada entre dos fuentes oficiales sobre el total de casos reportados, dejándola señalada como pendiente de conciliación.