Cirugías estéticas sin habilitación médica: la Corte Suprema confirma que el "consentimiento" no protege a quien las practica

Una mujer acudió a un spa de belleza buscando una cirugía estética más económica. Quien la atendió no era cirujana, ni siquiera médica. El procedimiento terminó en necrosis abdominal, injertos de piel y una embolia pulmonar. La defensa alegó que la propia víctima había asumido ese riesgo. La Corte Suprema respondió que no: nadie puede "asumir" un riesgo que nunca le fue explicado.

Los hechos

En diciembre de 2021, en un establecimiento de estética de Florencia (Caquetá), una mujer sin título de médica ni habilitación alguna practicó a una clienta una dermolipectomía abdominal de 360°, marcación abdominal y transferencia de glúteos, por un valor de $7.000.000. Durante casi un mes, la misma persona manejó de forma directa el posoperatorio, incluyendo cuatro resuturas.

La víctima desarrolló necrosis de la pared abdominal, requirió cirugía reconstructiva con injertos de piel en una clínica especializada y, más adelante, sufrió una embolia pulmonar. Quedó con una incapacidad médico-legal de 20 días y una deformidad física de carácter permanente.

Un detalle resultó determinante para la Corte: cuando la víctima notó el deterioro de su salud, quien la había intervenido le pidió guardar reserva y no revelar su nombre ante ningún servicio médico, al tiempo que le confesaba, en privado, que no era cirujana ni médica.

El recorrido judicial

El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Florencia absolvió en primera instancia, al considerar que la propia víctima había asumido el riesgo de forma consciente (autopuesta en peligro), lo que rompía el nexo de causalidad. La Sala Penal del Tribunal Superior de Florencia revocó esa decisión y condenó a la procesada por lesiones personales culposas, a 12 meses de prisión con suspensión condicional de la ejecución de la pena. La defensa llevó el caso a la Corte Suprema mediante impugnación especial, insistiendo en la tesis de la autopuesta en peligro y en que la prueba no alcanzaba el estándar exigido para condenar.

Qué decidió la Corte

La Sala de Casación Penal confirmó la condena. Para descartar la autopuesta en peligro como causal de exoneración, recordó que esta figura solo excluye la responsabilidad penal cuando concurren, de manera conjunta, tres presupuestos:

1. Que la víctima conociera o tuviera la capacidad de conocer el peligro real al que se exponía.
2. Que la generación del riesgo estuviera bajo el control de la víctima, no de quien lo ejecuta.
3. Que quien interviene no tenga posición de garante frente a la persona que voluntariamente se expuso al peligro.

La Corte encontró que ninguno de los tres se cumplía. La víctima no conocía la verdadera dimensión del riesgo, porque nunca se le informó que quien la iba a intervenir carecía de habilitación médica, y esta se presentó ante ella con apariencia de idoneidad profesional. El control del procedimiento, la técnica y el manejo posoperatorio estuvieron siempre en manos exclusivas de la procesada. Y, lejos de no tener posición de garante, la Corte concluyó que la asumió voluntariamente desde el momento en que se ofreció como prestadora del servicio y se hizo cargo del posoperatorio durante casi un mes — deber que incumplió de manera flagrante al ocultar el deterioro de la salud de la víctima y retrasar su acceso a atención médica de urgencias.

Con ello, la Corte también fue clara en que un consentimiento para someterse a una cirugía estética no cubre lo que el paciente nunca supo: que quien iba a operarlo no tenía la formación legalmente exigida para hacerlo. La ley colombiana —Resolución 1441 de 2013, Ley 1164 de 2007 y Ley 711 de 2001— reserva los procedimientos invasivos de cirugía plástica a médicos especialistas en esa área, y expresamente prohíbe que cosmetólogos u otro personal no habilitado los practiquen.

Por qué le importa esto a quien no es abogado

Esta sentencia habla directamente a una práctica muy extendida: la oferta de cirugías estéticas "económicas" en spas, centros de estética o establecimientos de belleza, muchas veces por fuera de un consultorio o clínica habilitada, y sin que quien las practica sea un médico especialista en cirugía plástica. La Corte deja un mensaje claro en dos direcciones.

A quien contrata uno de estos procedimientos: haber firmado un papel o haber aceptado "por su cuenta y riesgo" no exime de nada a quien lo interviene, si no se le informó la verdad sobre quién lo iba a operar. Antes de someterse a cualquier procedimiento invasivo, tiene derecho —y es aconsejable exigirlo— a verificar el título profesional, el registro y la habilitación de quien va a intervenirlo, así como a un consentimiento informado real, no una simple autorización verbal.

A quien presta este tipo de servicios sin ser médico especialista: la responsabilidad penal no depende de que el paciente haya "aceptado" el procedimiento, ni de que el resultado haya sido inicialmente satisfactorio. Depende de si existía la habilitación legal para practicarlo. Ejercer procedimientos médicos invasivos sin esa habilitación es, en sí mismo, la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, y si se concreta en un daño, hay responsabilidad penal, con independencia de que además se haya ocultado la gravedad de las complicaciones, como ocurrió en este caso.

Por qué la pena resulta tan baja para muchos

Es una reacción comprensible frente a los hechos: 12 meses de prisión, con suspensión condicional de la ejecución de la pena por dos años, para quien practicó sin ninguna habilitación una cirugía invasiva, ocultó a la víctima el deterioro de su salud y le pidió guardar su nombre en reserva. A primera vista, parece una respuesta desproporcionada frente al daño causado.

La explicación jurídica no hace menos grave el hecho, pero sí explica por qué la pena es la que es. La condena fue por lesiones personales culposas, es decir, un delito cometido por negligencia o imprudencia, no con la intención de causar daño (dolo). El Código Penal sanciona los delitos culposos de forma considerablemente más baja que los dolosos, y para el tipo penal de lesiones con deformidad física permanente (artículo 113), la pena base ya reducida por tratarse de una conducta culposa —y no de una agresión intencional— se ubicó en los 12 meses. Además, por tratarse de una pena inferior a 4 años y no existir antecedentes, la ley concede de manera casi automática el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, salvo que existan razones específicas para negarlo.

Dicho de otra forma: la Corte no tenía margen para imponer una pena distinta a la que permite la ley para este delito. Lo que sí logró esta sentencia —y es, en realidad, su aporte más importante— fue impedir que la responsable quedara absuelta, como había ocurrido en primera instancia, y dejar sentado un precedente claro: quien practica procedimientos médicos invasivos sin habilitación no puede escudarse en que la víctima "aceptó" el riesgo. Ese precedente tiene un valor que trasciende la pena concreta de este caso, porque es la base sobre la que se pueden construir en el futuro procesos con calificaciones jurídicas más severas —por ejemplo, si se llegara a probar dolo eventual, o si el hecho se repite y hay elementos para una imputación distinta— frente a quienes ejercen la medicina o la cirugía de forma ilegal.

Fuente: Sentencia SP1172-2026, Radicación N° 70464, CUI 18001600055220225138801, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Diego Eugenio Corredor Beltrán, 9 de septiembre de 2026.