Dr. Edwin Ferrer
Dr. Edwin Ferrer
Nada de esto exige inventar una obligación nueva; la ley ya existe. Lo que falta es la decisión de aplicarla a un problema que ya está afectando la salud, el ánimo y la productividad de miles de espinalunos, todos los días.
Se habla mucho de incendios forestales y de sequía, y con razón: son las caras más visibles del fenómeno climático que ya está instalado en el país. Pero hay una dimensión de este mismo problema que casi nadie aborda, y que afecta a los espinalunos todos los días, no solo cuando hay una emergencia: el calor cotidiano que se soporta en el transporte, en el trabajo y en la calle, sin que exista todavía una respuesta institucional pensada para eso.
El IDEAM ha sido enfático: las condiciones de El Niño ya están presentes y se fortalecerán durante el segundo semestre de 2026, con una probabilidad superior al 95% de persistir hasta el primer trimestre de 2027, y hasta un 63% de probabilidad de alcanzar una intensidad "muy fuerte" entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que lo ubicaría entre los eventos más intensos registrados desde 1950. El propio Instituto reportó que agosto de 2026 dejó a 48 municipios del país en sus máximos históricos de temperatura mensual. El Espinal no es la excepción: basta con revisar el reporte del clima en el celular cualquier tarde para confirmar que las máximas superan regularmente los 33°C, con sensaciones térmicas que en los últimos días han llegado hasta los 38°C.
Frente a esta realidad, hay un ángulo que se queda casi siempre por fuera de la conversación pública: cómo vive ese calor la persona que se transporta o que trabaja bajo estas condiciones, todos los días, sin tregua.
La Ley 336 de 1996, Estatuto Nacional de Transporte, no deja lugar a dudas: la comodidad, junto con la seguridad y la accesibilidad, es una condición que las autoridades competentes deben exigir y verificar en la prestación del servicio público de transporte, y los vehículos destinados a este servicio deben cumplir especificaciones técnicas de comodidad para su homologación. No es un lujo opcional; es un requisito legal.
En la práctica, buena parte del transporte urbano e intermunicipal que conecta a El Espinal con Ibagué y Girardot no ofrece condiciones reales de mitigación térmica: pocos vehículos cuentan con aire acondicionado en buen funcionamiento, y la ausencia de competencia efectiva en algunas rutas reduce el incentivo natural de las empresas para invertir en comodidad. A esto se suma un ejemplo puntual y de bajo costo: una cubierta adecuada en las zonas de espera de taxis en el Terminal de Transportes evitaría que el pasajero aborde un vehículo que ya llegó recalentado por el sol directo. Son mejoras pequeñas, verificables y de impacto inmediato en la experiencia de miles de personas cada semana.
La Resolución 2400 de 1979 del entonces Ministerio de Trabajo, vigente y aplicable dentro del actual Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, es igual de clara: todo lugar de trabajo debe mantenerse en condiciones de temperatura que no impliquen deterioro de la salud ni limitaciones en la eficiencia del trabajador, y cuando se presenten temperaturas anormalmente altas, deben concederse pausas o relevos periódicos. No es una norma nueva, pero rara vez se piensa en ella fuera de un contexto industrial, y sin embargo aplica igual a una oficina, un local comercial o un puesto de atención al público sin ventilación adecuada.
El estrés térmico tiene efectos medibles: aumenta la fatiga, reduce la capacidad de concentración y el estado de alerta, y con ello el rendimiento y el ánimo del trabajador. Un sector público y privado que enfrenta ya un fenómeno de El Niño anunciado como potencialmente histórico tiene, hoy, la oportunidad de anticiparse: revisar horarios en las franjas de mayor calor, habilitar espacios de descanso con sombra y ventilación, y evaluar ajustes razonables en la jornada durante los picos térmicos, sin que eso implique un costo desproporcionado ni un conflicto con la operación normal de ningún sector.
Este es exactamente el tipo de problema que se resuelve mejor con una política pública medible que con buenas intenciones dispersas. El Concejo Municipal, en ejercicio de su función normativa, podría promover un proyecto de acuerdo que establezca una Estrategia Municipal de Adaptación al Calor Extremo, con componentes concretos y verificables:
Nada de esto exige inventar una obligación nueva; la ley ya existe. Lo que falta es la decisión de aplicarla a un problema que, aunque no sale en las noticias con la misma frecuencia que un incendio, ya está afectando la salud, el ánimo y la productividad de miles de espinalunos, todos los días.